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MORATORIA Y APLAZAMIENTO SEGUROS SOCIALES.

1.- Moratoria.

Se puede solicitar desde el día 1 al día 10 de mayo, la moratoria de 6 meses, sin interés, en el pago de sus cotizaciones sociales, y por conceptos de recaudación conjunta, correspondientes al mes de abril, o, en su defecto, el aplazamiento de las cuotas de dicho mes de abril, lo que implicaría el ingreso en plazo reglamentario de la aportación de los trabajadores, así como de las cuotas por accidente de trabajo y enfermedad profesional, 

Podrá solicitarse también desde el día 1 al día 10 de junio, la moratoria de 6 meses, sin interés, en el pago de sus cotizaciones sociales, y por conceptos de recaudación conjunta, correspondientes al mes de mayo, o, en su defecto, el aplazamiento de las cuotas de dicho mes de mayo, lo que implicaría el ingreso en plazo reglamentario de la aportación de los trabajadores, así como de las cuotas por accidente de trabajo y enfermedad profesional.

2.- Aplazamiento.

El RDL 15/2020 posibilita el aplazamiento en el pago de las deudas con la Seguridad Social con vencimiento entre los meses de abril y junio de 2020.

Tipo de interés al 0,5%

Plazo de pago: 4 meses por cada mensualidad solicitada sin que exceda en total de 12 mensualidades.

El aplazamiento a que se refiere el presente apartado será incompatible con la moratoria referida en el apartado anterior

En caso de aplazamientos por el procedimiento ordinario, no será necesaria la constitución de garantías para asegurar el cumplimiento del aplazamiento cuando el total de la deuda aplazable sea igual o inferior a 150.000 € o cuando, siendo la deuda aplazable inferior a 250.000 €, se acuerde que se ingrese al menos un tercio de esta última antes de que hayan transcurrido diez días desde la notificación de la concesión y el resto en los dos años siguientes.

BAJA LABORAL POR AISLAMIENTO.

El Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo (BOE 11/03/2020) había establecido que los periodos de aislamiento o contagio de los trabajadores como consecuencia del virus COVID-19 tendrán la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social. Del nuevo Real Decreto-Ley publicado hoy se desprende que, tal como era razonable pensar, el aislamiento sólo se reconocerá si existe parte médico de baja.

TRABAJO A DISTANCIA.

La alternativa del trabajo a distancia deberá ser prioritaria frente a la cesación temporal o reducción del contrato de trabajo. En las empresas en las que no esté prevista esta modalidad, se entenderá cumplida la obligación de evaluar los riesgos laborales a través de la autoevaluación por el propio trabajador.

El RDL 15/2020 prorroga hasta el 23 de junio la preferencia por el trabajo a distancia en la medida en que pueda seguirse esta modalidad.

DERECHO DE ADAPTACIÓN DEL HORARIO Y REDUCCIÓN DE JORNADA.

Los trabajadores que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado tendrán derecho a la adaptación de su jornada o a la reducción de la misma. 

Se entenderá que concurren circunstancias excepcionales cuando sea necesaria la presencia del trabajador para la atención de alguna de las personas indicadas en el apartado anterior que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19. 

Se considerarán también circunstancias excepcionales las decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que hicieran necesario prestar atención a la persona necesitada de ayuda. 

El derecho previsto en este artículo es un derecho individual de cada uno de los progenitores o cuidadores, que debe tener como presupuesto el reparto corresponsable de las obligaciones de cuidado y la evitación de la perpetuación de roles, debiendo ser justificado, razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa. 

El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste permita que la persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado objeto del presente artículo. Puede consistir en: 

• Cambio de turno. 

• Alteración de horario u horario flexible. 

• Jornada partida o continuada. 

• Cambio de centro de trabajo. 

• Cambio de funciones. 

• Cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de estas medidas. 

La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si resultara necesario, 

 En el caso de que el trabajador se encontrara disfrutando ya de una adaptación de su jornada por conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los derechos de conciliación previstos en el ordenamiento laboral, podrá renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute siempre que concurran las circunstancias excepcionales antes indicadas.

El RDL 15/2020 prorroga hasta el 23 de junio el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada

PROCEDIMIENTO PARA APLICAR UN ERTE (REDUCCIÓN DE JORNADA O SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO).

Antes de aplicar este procedimiento, sería conveniente analizar la siguiente posibilidad. Considerar vacaciones el período de emergencia sanitaria. Para ello, debería calcularse el número de días de vacaciones que ha devengado el trabajador hasta el 13 de marzo de 2020 para imputarlos al período de emergencia sanitaria. En caso de que se alargue el estado de alarma y se agoten los días de vacaciones devengados, podría recurrirse a días a cuenta de futuras vacaciones o pasar al procedimiento de suspensión de contratos de trabajo. 

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa que se acompañará de un informe justificativo de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a los trabajadores y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir representación de los trabajadores. 

BENEFICIOS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Beneficios de cotización a la Seguridad Social. En caso de aprobación de un expediente de reducción general de jornada o de suspensión de contratos de trabajo, la empresa quedará exonerada del pago del 75 % de la aportación empresarial a la Seguridad Social alcanzando dicha exoneración el 100% de la cuota cuando se trate de empresas de menos de 50 trabajadores, siempre quela empresa se comprometa a mantener el empleo. 

La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada. A efectos del control de la exoneración de cuotas será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate tengan acceso a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización necesario para tener acceso a ella y, adicionalmente, que el periodo de la suspensión del contrato o la reducción de la jornada durante el que estén percibiendo dicha prestación no les compute a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos. 

SALVAGUARDIA DEL EMPLEO.

Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

MORATORIA DE PLAZOS PARA MICROEMPRESAS.

Extensión hasta el 20 de mayo del plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones.

En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias de aquellos obligados con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019 cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, el 15 de abril de 2020,  y hasta el día 20 de mayo de 2020 se extenderán hasta esta fecha. En este caso, si la forma de pago elegida es la domiciliación, el plazo de presentación de las autoliquidaciones se extenderá hasta el 15 de mayo de 2020.

Lo dispuesto en este artículo no resultará de aplicación a los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de su importe neto de la cifra de negocios, ni a los grupos de entidades que tributen en el régimen especial de grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido regulado en el capítulo IX del título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con independencia de su volumen de operaciones.

APLAZAMIENTO DE IMPUESTOS PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - PYMES.

Se autoriza el aplazamiento de todas las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones de impuestos cuyo plazo de presentación e ingreso esté entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020, siempre que el aplazamiento no supere el importe de 30.000 €. 

A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas. 

Además de los impuestos que ordinariamente pueden aplazarse, podrán aplazarse algunas liquidaciones que en condiciones normales quedarían fuera de esta posibilidad, concretamente las siguientes: 

• Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta (por ejemplo retenciones de IRPF). 

• Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos (por ejemplo el IVA). 

• Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. 

Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 € en el año 2019 (Pymes). 

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes: 

• a) El plazo será de seis meses. 

• b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

El reciente Real Decreto-Ley 7/2020, de 13 de marzo, aprobó la posibilidad de aplazar las deudas tributarias inferiores a 30.000,- €, sujetas a autoliquidación (retenciones IRPF, IVA, pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades). 

El plazo de aplazamiento máximo es de 6 meses y sin pago de intereses durante los cuatro primeros meses. 

Recordamos que sólo pueden acogerse a este tipo de aplazamientos las empresas que hayan facturado menos de 6.010.121,04 € en el año 2019 (Pymes). 

El nuevo Real Decreto de 17 de marzo, aplaza el pago de liquidaciones tributarias distintas a las autoliquidaciones, es decir, las practicadas por la propia Administración, así como los plazos de aplazamiento y fraccionamiento tributario, hasta el próximo 30 de abril siempre que el plazo de vencimiento de dichas no hubiera concluido a fecha 17 de marzo de 2020. 

En caso de liquidaciones tributarias y plazos de aplazamiento y fraccionamiento tributario comunicadas a partir del 17 de marzo de 2020, el plazo se ampliará hasta el 20 de mayo de 2020.

DEUDAS TRIBUTARIAS Y PRÉSTAMOS BANCARIOS.

El RDL 15/2020 establece la suspensión del plazo de ingreso de deudas tributarias hasta a la obtención de un préstamo bancario. Esta medida será de aplicación a las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación concluya entre el 20 de abril de 2020 y el 30 de mayo de 2020.

PAGOS FRACCIONADOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

Las micro-empresas que hayan facturado por debajo de los 600.000,- € en 2019, podrán presentar hasta el 20 de mayo el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades sobre la base imponible de los 3 primeros meses del año 2020.

Los pagos fraccionados de octubre y diciembre se podrán calcular sobre la parte de base imponible de los 9 u 11 meses, respectivamente del mismo año 2020.

Las pequeñas y medianas empresas – PYMES, con facturación inferior a 6.000.000,- € podrán ejercer esa opción en los 20 primeros días del mes de octubre de 2020, de modo que este sistema de cálculo se pueda aplicar para los pagos fraccionados de los meses de octubre y diciembre.

El pago fraccionado efectuado en los 20 días naturales del mes de abril de 2020 será deducible de la cuota del resto de pagos fraccionados que se efectúen a cuenta del mismo período impositivo en octubre y diciembre.

Esta medida no resultará de aplicación a los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Aprobación de una línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos de hasta 100.000 millones de euros, que cubra tanto la renovación de préstamos como nueva financiación por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos, para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD.

Es importante indicar que en virtud del Real Decreto 463/2020, los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren. Igualmente, quedarán suspendidos los términos y plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.

MORATORIA EN EL PAGO DE ALQUILERES.

De acuedo con el RDL 15/2020, las pequeñas y medianas empresas PYMES podrán beneficiarse de una moratoria automática en el pago del alquiler de locales y naves industriales.

Esta medida será obligatoria para los propietarios de más de 10 inmuebles o para locales de más de 1.500 m2.

La moratoria se aplicará al período en el que dure el estado de alarma y sus prórrogas (período máximo 4 meses).

Las rentas de dicho período se fraccionarán en un período máximo de 2 años y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento.

RESOLUCIÓN DE CONTRATOS.

Es interesante constatar que el RDL 15/2020 ha introducido un concepto específico de fuerza mayor a raíz del COVID-19, no previsto en nuestro Código Civil. El legislador reconoce que las partes de un contrato afectadas por el Estado de Alarma podrían distribuirse los daños derivados de esta situación. Se trata de una modalidad específica de la doctrina rebus sic stantibus.

Contratos con consumidores.

Si como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrá derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días desde la imposible ejecución del mismo. La pretensión de resolución solo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes, sobre la base de la buena fe, una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato. Las propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, el ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso. A estos efectos, se entenderá que no cabe obtener propuesta de revisión que restaure la reciprocidad de intereses del contrato cuando haya transcurrido un periodo de 60 días desde la solicitud de resolución contractual por parte del consumidor o usuario sin que haya acuerdo entre las partes sobre la propuesta de revisión.

Respecto de los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, la empresa prestadora de servicios podrá ofrecer opciones de recuperación del servicio a posteriori y sólo si el consumidor no pudiera o no aceptara dicha recuperación entonces se procedería a la devolución de los importes ya abonados en la parte correspondiente al periodo del servicio no prestado por dicha causa o, bajo la aceptación del consumidor, a minorar la cuantía que resulte de las futuras cuotas a imputar por la prestación del servicio. Asimismo, la empresa prestadora de servicios se abstendrá de presentar a cobro nuevas mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé lugar a la rescisión del contrato, salvo por la voluntad de ambas partes.